QUIÉN MANDA EN LAS EMPRESAS DEL ESTADO: EL GOBIERNO KAST PREFIERE HOMBRES MAYORES, DE CATÓLICA Y SIN PASO POR LA POLÍTICA
El perfil que se repite en los directorios de empresas públicas que el gobierno de José Antonio Kast ha comenzado a nombrar tiene características muy precisas: hombre entre 60 y 69 años, ingeniero comercial de la Universidad Católica, con MBA y sin carrera política. No se trata de una coincidencia. Hasta ahora, la administración ha designado 55 directores en 11 empresas estatales y el Sistema de Empresas Públicas (SEP), y el patrón es lo suficientemente nítido como para plantear preguntas sobre qué criterios prevalecen en las decisiones de personal de esta gestión. El dato contrasta con un discurso que supuestamente busca renovación y eficiencia. Lo que emerge del análisis es una preferencia por cierto perfil de elite empresarial, ajena a cualquier experiencia en la administración pública.
El sistema es más complejo de lo que parece. El consejo del SEP tiene mandato de nombrar 84 directores en 20 empresas públicas ubicadas en puertos, servicios y transportes. Hasta ahora ha designado 36. Esta concentración de poder en materia de nombramientos hace que el SEP sea un actor decisivo para entender hacia dónde apunta la gobernanza estatal. En sus manos están las decisiones sobre empresas como Enap, Enami, Televisión Nacional, Metro, Casa de Moneda, Zofri, EFE, Banco del Estado y Econssa. La relevancia económica y social de estas firmas es evidente: mueven recursos, emplean trabajadores, ofrecen servicios básicos. Sin embargo, la selección de quién las dirige responde a un patrón que privilegia la experiencia directiva privada por sobre la comprensión de lo público.
Lo que llama la atención no es solo la homogeneidad del perfil, sino también ciertas excepciones que resultan elocuentes. Gina Ocqueteau, presidenta de la minera SQM, fue nombrada directora de Zofri. Germán Correa, exministro de la Concertación en los gobiernos Aylwin y Frei Ruiz-Tagle, integra el directorio de EFE. Guillermo Larraín, exsuperintendente de Valores en el primer gobierno de Bachelet y presidente de BancoEstado en la segunda administración Bachelet, permanece en el directorio de Econssa. Estos nombres merecen atención porque revelan algo sobre la pragmática del gobierno Kast: cuando necesita continuidad o expertise en asuntos complejos, recurre incluso a figuras de la centroizquierda. Larraín justificó su permanencia en Econssa argumentando que hay “dos contingencias” en desarrollo: la estrategia hídrica en el Norte Chico y la eventual renovación de contratos de concesión de sanitarias a partir de 2031. Es decir, cuando hay complejidad técnica y política, la ideología se flexibiliza.
Pero el patrón general sigue siendo selectivo. De los 55 directores nombrados hasta ahora, el 62% son hombres y el 38% mujeres. El gobierno cumple así con la cuota de género del 40% instaurada por la administración Boric, aunque no por generosidad sino por obligación normativa. Lo relevante es que la menor representación femenina coincide con una estructura de poder que privilegia un tipo muy específico de hombre: uno con capital social de universidad privada de elite, formación en negocios, y trayectoria en directorios corporativos. El acceso a la Universidad Católica, a programas MBA y a redes empresariales no es democratizado en Chile. Estas son puertas que se abren para ciertos círculos sociales. Que el gobierno reproduzca este patrón en designaciones públicas sugiere una comprensión particular de qué significa “eficiencia” y a quién se le confía el manejo de recursos estatales.
La ausencia casi completa de experiencia política en estos directores también es significativa. En teoría, una empresa pública existe para cumplir objetivos que van más allá de la rentabilidad: servicio universal, responsabilidad social, consideración de externalidades. Estos son asuntos políticos, en el sentido más amplio del término. Prescindir de personas con experiencia en gestión pública o con sensibilidad política puede significar que los directorios carecerán de herramientas para navegar conflictos donde lo privado y lo público se superponen. El riesgo es que estas empresas se gestionen con lógica de rentabilidad corporativa cuando sus mandatos incluyen consideraciones que exceden esa métrica. Kast se posiciona como un modernizador administrativo que introduce “empresarios exitosos” en la gestión estatal. Pero la pregunta que debiera formularse es si la eficiencia empresarial privada es lo único que una empresa pública requiere, o si hay otras competencias que esta administración está dejando fuera deliberadamente.
Con poco más de la mitad del proceso de designaciones completado, aún hay espacio para ajustes. Sin embargo, la pauta ya está establecida. El gobierno ha dejado clara su preferencia por un tipo específico de director: mayoritariamente varón, de clase alta educativa, sin experiencia en lo público, con networks en el mundo empresarial. Es un perfil que refleja más una visión de empresas públicas como activos a gestionar con criterios corporativos que como instituciones complejas que sirven a la ciudadanía. La pregunta central es si esta configuración de directorios está diseñada para maximizar valor público o si, por el contrario, responde a una convicción más profunda sobre quién debe tomar decisiones en espacios donde se juegan recursos y servicios que afectan a millones de chilenos.
Fuente: PULSO
