La Unidad Regional Anticorrupción investiga un presunto fraude al fisco que se habría extendido por ocho años, involucrando cobros irregulares a sueldos de asesores parlamentarios.
La Unidad Regional Anticorrupción de la Fiscalía de Valparaíso ha activado una investigación formal contra la senadora Camila Flores (RN). No se trata de una simple sospecha: el Ministerio Público indaga un presunto esquema de fraude al fisco con un perjuicio estimado en $300 millones.
El “modus operandi”: Retorno de sueldos
Según los datos de la indagatoria, la senadora habría obligado a sus asesores parlamentarios a devolver parte de sus sueldos mensuales en efectivo. Este método, operado presuntamente a través de una secretaria de confianza, permitía que fondos públicos destinados a asesoría técnica fueran desviados de su cauce legal.
La Fiscalía cuenta con un plazo de 40 días para realizar las siguientes diligencias:
- Peritaje de registros digitales.
- Recopilación de testimonios de excolaboradores.
- Análisis de flujos financieros vinculados al entorno de la parlamentaria.
Gravedad y Fe Pública
Las asignaciones parlamentarias provienen de los impuestos de todos los chilenos y tienen como fin exclusivo la labor legislativa. El desvío de estos fondos hacia el beneficio personal, práctica conocida como “cortar la cola”, es un delito que golpea la base de la fe pública. Expertos legales, como el exfiscal Carlos Gajardo, advierten que este caso podría revelar una práctica sistémica dentro del Congreso que debe ser erradicada.
Defensa y escenario judicial
Aunque la parlamentaria niega los cargos y acusa calumnias, la intervención de la URAC indica la existencia de antecedentes suficientes para una persecución penal seria. En un contexto de alta exigencia ciudadana por transparencia, el blindaje político enfrenta hoy el rigor de los datos judiciales.
Mientras los parlamentarios manejan millonarias asignaciones, la justicia tiene la tarea de asegurar que cada peso sea utilizado para representar a la ciudadanía y no para el enriquecimiento ilícito de sus representantes.
