MAULE.- El tablero político de la Región del Maule ha recibido un impacto de alta intensidad que pone en entredicho los criterios de selección para las altas jefaturas regionales. Este 26 de marzo de 2026, se oficializó la designación de Iskra Cox Aguilar como la nueva Secretaria Regional Ministerial (Seremi) de Salud. Sin embargo, lo que debió ser un nombramiento administrativo de rutina se ha transformado en un escándalo de proporciones éticas: Cox asume el mando de la salud regional manteniendo una causa penal abierta en su contra y un historial de salida forzada del aparato público en 2023 tras graves denuncias de maltrato.
La decisión de instalar a Cox Aguilar en una de las carteras más sensibles para la ciudadanía maulina levanta una interrogante inmediata sobre la probidad administrativa ¿Cómo puede una autoridad liderar la red sanitaria y gestionar equipos humanos mientras ella misma es objeto de una investigación vigente por parte del Ministerio Público?
EL ANTECEDENTE DEL SML: UNA RENUNCIA BAJO LA SOMBRA DEL ACOSO
Iskra Cox no es un nombre nuevo para los gremios del Maule. En septiembre de 2023, mientras se desempeñaba como directora regional del Servicio Médico Legal (SML), Cox debió abandonar su cargo de forma estrepitosa dos meses antes de finalizar su periodo legal. En aquel entonces, la ANEF, liderada por Paola Berríos, fue el motor de una denuncia persistente por maltrato y acoso laboral sistemático.
Los testimonios de los funcionarios del SML de la época describieron una gestión marcada por el hostigamiento, lo que derivó en una crisis interna que terminó con su salida bajo la figura de una “renuncia voluntaria”. Sin embargo, para los trabajadores del sector público, aquel episodio quedó grabado como una deuda de justicia administrativa que hoy, con su regreso al poder, se siente como una afrenta directa.
LA CAUSA PENAL: EL MURO ÉTICO QUE EL GOBIERNO IGNORÓ
A diferencia de su salida en 2023, el escenario actual de Iskra Cox reviste una gravedad mayor. Fuentes vinculadas al ámbito judicial confirman que la hoy Seremi de Salud mantiene una investigación penal abierta. El principio de probidad administrativa exige que los funcionarios públicos mantengan una conducta intachable, una vara que parece haberse quebrado con esta designación.
En un contexto donde la confianza en las instituciones es frágil, situar a una persona procesada penalmente a la cabeza de la Seremía de Salud —organismo encargado de fiscalizar, sancionar y velar por la norma sanitaria— representa un riesgo institucional evidente. La pregunta que la Delegación Regional y el Ministerio de Salud deben responder es: ¿Hubo una revisión real de antecedentes judiciales antes de firmar el decreto?
EL MENSAJE A LA REGIÓN
El regreso de Iskra Cox al Maule, amparada por un cargo de confianza política a pesar de sus flancos judiciales, envía un mensaje demoledor a los funcionarios de carrera y a la opinión pública: el historial de conflictos y las causas penales no parecen ser impedimento para acceder al poder. En una región con urgencias sanitarias críticas, la llegada de una autoridad que deberá alternar su agenda entre la gestión pública y su defensa en tribunales es una señal de debilidad ética que el Maule no puede pasar por alto.
