El Gobierno retiró el reglamento de la Contraloría, dejando la Ley Karin sin operatividad real y postergando la protección efectiva contra el acoso sexual y laboral en el país.
La Ley Karin, diseñada para establecer estándares modernos contra el acoso sexual, laboral y la violencia en el trabajo, se encuentra hoy en un punto muerto. El gobierno de José Antonio Kast retiró el reglamento de la Contraloría General de la República, una acción administrativa que, en la práctica, congela la aplicación de la norma y deja a miles de trabajadores desprotegidos.
¿Qué significa este vacío legal?
Sin un reglamento vigente, no existen reglas claras para investigar ni sancionar las conductas de acoso bajo los nuevos estándares. Esto implica consecuencias graves para el ecosistema laboral:
- Protocolos obsoletos: Las empresas no están obligadas a actualizar sus reglamentos internos.
- Desprotección: Los trabajadores quedan bajo las normas antiguas, las cuales han demostrado ser insuficientes y mucho menos protectoras que la nueva legislación.
- Incerteza jurídica: No hay un procedimiento estandarizado para las denuncias, lo que desincentiva a las víctimas a dar el paso.
Una gestión bajo la lupa
El retiro de decretos se ha transformado en una práctica recurrente en la actual administración. Más allá del tecnicismo legal, esta decisión refleja una evidente falta de urgencia en temas críticos de dignidad laboral y seguridad, afectando principalmente a las mujeres y a los sectores más vulnerables de la fuerza de trabajo.
Mientras en las oficinas de la capital se posterga la tramitación de documentos, en la Región del Maule las víctimas de acoso siguen esperando las herramientas de defensa que esta ley les prometió. La “letra muerta” de la ley hoy solo beneficia a quienes perpetúan ambientes laborales tóxicos.
Análisis: El impacto de este vacío legal y la falta de operatividad real de la Ley Karin marcan una pauta de desatención a los derechos fundamentales de los trabajadores en las regiones.
