Un fuerte remezón político comienza a evidenciarse en la administración del presidente José Antonio Kast luego del anuncio de una histórica alza en el precio de los combustibles, medida que empezará a regir desde este jueves y que ya genera impacto en la opinión pública.
De acuerdo con la más reciente medición del Panel Ciudadano de la Universidad del Desarrollo (UDD), la desaprobación al gobierno aumentó en 30 puntos porcentuales en apenas 11 días, evidenciando un deterioro acelerado en la evaluación del Ejecutivo.
Alza histórica y justificación del gobierno
El anuncio fue realizado por el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, quien detalló que el incremento alcanzará aproximadamente $370 por litro en la bencina de 93 octanos y cerca de $580 en el diésel, configurándose como una de las mayores alzas registradas en los últimos años.
Desde el Ejecutivo, la medida fue defendida bajo dos argumentos principales:
- Una supuesta estrechez fiscal heredada del gobierno anterior de Gabriel Boric, incluso calificando el estado de las arcas públicas como cercano a una “quiebra”.
- El impacto internacional derivado de la guerra en Medio Oriente, que ha presionado los precios del petróleo.
No obstante, estas explicaciones no han logrado contener el malestar ciudadano, especialmente en un contexto económico donde el costo de vida ya venía tensionado.
Caída abrupta en aprobación
Los datos son categóricos. Según consignó El Mercurio, el pasado 13 de marzo la desaprobación del gobierno alcanzaba un 18%, cifra que se elevó a 48% el 24 de marzo, apenas un día después del anuncio del alza.
En paralelo, la aprobación presidencial también sufrió una caída significativa: pasó de 59% a 42% en menos de dos semanas, lo que representa una baja de 17 puntos porcentuales desde el inicio del nuevo período presidencial.
Este rápido deterioro en la evaluación pública sugiere que la medida no solo tiene efectos económicos inmediatos, sino también un alto costo político.
Impacto político y señales de alerta
Más allá de los números, el escenario plantea una señal de alerta para La Moneda. La magnitud y velocidad del cambio en la opinión pública reflejan una ciudadanía particularmente sensible a medidas que afectan directamente el bolsillo, como el precio de los combustibles.
Asimismo, abre interrogantes sobre la estrategia comunicacional del gobierno, que hasta ahora no ha logrado instalar con éxito su narrativa respecto a las causas del alza ni las medidas de mitigación.
En un contexto donde el transporte, la logística y el costo de bienes básicos dependen fuertemente del precio de los combustibles, el impacto podría seguir escalando tanto en lo económico como en lo político durante las próximas semanas.
